La hora cero de la Ley de Inversión Extranjera

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Por Carola Salas Couse

 

La Ley de Inversión Extranjera aprobada por el Parlamento cubano el 29 de marzo de este año entra en vigor hoy. Las expectativas generadas dentro y fuera del país fueron muchas y el documento final resultó insuficiente para algunos, permisivo para otros y trascendente para todos.

Mucho se ha escrito sobre la Ley 118/14 y sus cambios con respecto a la 77/95 y, sin dudas, nos encontramos con un documento que supera a su predecesor en precisiones, definiciones, atractivos y ventajas explícitas. Nos encontramos con un material bien formulado y a tono con regulaciones vigentes en países que muestran un cuerpo legal interesante y un proceso exitoso de captación y radicación de inversión extranjera directa, como China, Viet-Nam, Corea del Sur, Singapur o Nueva Zelanda.

Sin embargo, ninguna experiencia internacional se acerca a nuestra realidad y, por tanto, enfrentamos el reto de lo específico y hasta sui generis para diseñar e instrumentar políticas que redunden en una captación creciente de flujos de calidad que impacten positivamente en el crecimiento del país.

Lo que suceda a partir de hoy en materia de inversiones extranjeras no depende en lo fundamental del cuerpo legal porque, aunque perfectible, es coherente con una concepción política no negociable en un contexto económico y social estructuralmente complejo, agravado por los efectos de la crisis mundial y del bloqueo norteamericano, recrudecido en los últimos meses, especialmente desde el punto de vista financiero.

Algunos inversores internacionales encuestados en el año 20121, identificaban entre los principales problemas de la anterior legislación cubana y su procedimientos derivados: el lento y poco transparente proceso de autorización de nuevos negocios; un sistema de contratación de la fuerza de trabajo controlado y muy costoso; una estructura financiera insuficientemente desarrollada, con dualidad monetaria y sobrevaluación del tipo de cambio; el bloqueo a las cuentas y congelación de fondos; parsimoniosos mecanismos de solución de diferencias y con elevados niveles de incertidumbre; dificultades con los derechos de propiedad y desbalance en las relaciones contractuales debido a que la contraparte siempre es el Estado.

La ley vigente resuelve o mitiga algunos de estos problemas y en otros, ciertamente, en las condiciones actuales, no es posible operar de otra manera y queda a decisión de los oferentes priorizar el destino Cuba o no.

Conservar la agencia empleadora ha sido uno de los elementos mas polémicos dentro y fuera del país, pues se trata de una medida sin precedentes en otras legislaciones que sirvan de referentes prácticos. No obstante, las autoridades cubanas sostienen que es una “agencia de nuevo tipo”, encargada de velar porque se cumplan las disposiciones vigentes en materia laboral, organizar el proceso de empleo, buscar personal competente y velar por los derechos de los trabajadores cubanos.

El problema de la fuerza de trabajo en Cuba y su adecuada remuneración es complejo. Si tenemos en cuenta el entorno regional, para calificadores de cargo similares, se pueden generar dificultades en el proceso de contratación dado que el nivel de instrucción e incluso de calificación no se corresponde con las habilidades, destrezas, conocimientos y especialización para desarrollar determinadas funciones que deberían tener -y no tienen- los trabajadores cubanos por el nivel de rezago técnico con que operan.

En este momento, que subsista la agencia empleadora puede ser positivo, incluso, para los inversores extranjeros, siempre y cuando se controlen los problemas de todo tipo que su funcionamiento generó en el pasado, y no sea una entidad que simplemente medie y encarezca la contratación, eleve los costos y se apropie de una parte del salario de los empleados cubanos. Con la marcha del tiempo y cuando se sincere el mercado laboral, su existencia deberá ser nuevamente evaluada.

El sistema financiero-bancario cubano tiene que ser ampliado y restructurado para que, entre otras cuestiones, permita avanzar a la inversión extranjera. El proceso de inserción efectiva y eficiente de la inversión extranjera requiere de la solución al problema de la dualidad monetaria y de la sobrevaluación del tipo de cambio, pero si bien esta es una cuestión medular, trasciende al cuerpo legal.

Las tareas en este sentido son urgentes y complejas por el carácter sistémico de la economía y sus vinculaciones e interdependencias recíprocas, unido a los costos de todo tipo que este proceso origina, pero debe estar claro que no puede existir un buen proceso de inversión extranjera, articulado y orgánico, sin resolver este problema y sin que la banca desempeñe sus funciones adecuadamente, en especial en política crediticia y tasa de interés.

Los errores cometidos anteriormente en el tratamiento a los inversores con respecto al uso y destino de sus cuentas bancarias no pueden ser resueltos con las ventajas y exoneraciones contenidas en la nueva ley. Tales medidas provocaron un clima de desconfianza que se mantiene como uno de los principales problemas para la decisión de invertir en Cuba, y el tiempo y las buenas prácticas constituyen el único antídoto.

La urgencia de captar financiamiento externo vía inversiones para el crecimiento económico cubano y elevar el brutalmente deprimido consumo de la población, especialmente el segmento de menores ingresos, se ha reconocido oficialmente. Las cifras que se manejan, entre los 800 y los 2500 millones anuales, como necesarias para llevar el PIB a tasas aceptables de crecimiento superiores al 5 por ciento (el ¿crecimiento? del primer semestre del actual año fue de 0,6 por ciento) no dependen de la Ley 118 ni de ninguna otra, lo que permitirá alcanzarlos o no, son las políticas que se instrumenten para potenciar sus efectos y garantizar encadenamientos.

Para resultar destino atractivo de flujos de inversión de calidad e impacto -independientemente del tamaño del emisor- y más allá de los internacionalmente conocidos requisitos vinculados al desempeño económico, de los cuales, por cierto, Cuba no cumple ninguno o casi ninguno, urge dar pasos que eliminen las carencias en la información, la lentitud, no la legislada en 60/45 días sino la del pensamiento, la de la poca “luz larga”, la inercia, la apatía, y emprender este complicado proceso con toda la madurez y el equilibrio necesario, pero con muchas ganas, porque la economía lo necesita y el pueblo lo merece.

(Tomado de Oncuba.com)

 

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