En Diciembre del 2009 fue arrestado en Cuba Alan Gross por violar leyes del país al introducir sofisticados equipos de comunicaciones. Era parte de un programa de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) destinado a provocar un cambio de régimen. Meses más tarde(en Julio del 2010 ) Joe McSpedon (funcionario del gobierno de Estadounidense) viajaba a Barcelona para concretar un plan secreto de subversión basado en medios sociales dentro de la isla.
Un equipo de contratistas trataría de crear un «Twitter cubano» con herramientas no asociadas al Internet, sino apoyadas en una red de mensajería que llegaría a cientos de miles de cubanos mediante sus propios teléfonos celulares. El plan secreto, según investigó Associated Press incluía a numerosas empresas privadas como fachada, cuentas bancarias en un paraíso fiscal (Islas Caimán), y ante todo un bonito nombre: “ZunZuneo”.
Muchas personas fueron engañadas, desde los ejecutivos reclutados que no sabrían los vínculos entre la empresa y el gobierno norteamericano, hasta los numerosos cubanos que como clientes engañados no supieron que sus datos personales serian guardados por los contratistas con objetivos políticos de subversión.
El objetivo secreto sería organizar datos de clientes para conformar una red numerosa de subscriptores disponibles para futuros proyectos de movilización social frente al estado cubano al estilo de los empleados en las “revoluciones de colores”.
Las primaveras árabes completamente apoyadas en las redes sociales sirvieron de inspiración al proyecto contra la paz social en Cuba. Posiblemente otros proyectos paralelos de fundaciones “no lucrativas” dedicados al envió de teléfonos, USBs, y equipos como tabletas, a Cuba, servirían para multiplicar los efectos de la agitación política. Sobre todo grupos vulnerables de jóvenes que sin saber la naturaleza del proyecto se sumaran.
Hoy mismo Jim Carney, portavoz de la Casa Blanca habló sobre el ZunZuneo, y trató de justicarlo diciendo: “USAID es una agencia de desarrollo, no de inteligencia. Las sugerencias de que éste era un programa encubierto son erróneas.”
Es comprensible esa rápida respuesta política ante el escándalo que golpea al Departamento de Estado. Pero, les será muy difícil tapar el sol con un dedo ante tantas leyes violadas. La parte más inmoral del proyecto subversivo sería la manipulación de la sociedad civil en Cuba al no informarse a los posibles usuarios del servicio sobre la naturaleza del mismo. Muchos fueron víctimas del engaño y falta de transparencia.
Es usual que desde las oficinas de Radio y TV Martí se haga propaganda a favor de empresas no basadas en territorio estadounidense que se dedican a ofrecer “servicios especiales” a dueños de teléfonos móviles dentro de Cuba.
Piramideo es una de esas empresas que ofrece herramientas que a menudo sirven para difundir rumores falsos o noticias alarmantes dentro de Cuba como parte de la guerra mediática que mantiene Washington contra La Habana.
Más alarmante aún es cuando el proyecto se enmascara y se hace secreto. El senador Patrick Leahy ya dijo que : “Existe riesgo de que jóvenes cubanos hagan uso (en la isla) del servicio en sus móviles sin saber que se tratase de una actividad financiada por el gobierno de Estados Unidos”.
Ahora que la opinión pública en los Estados Unidos ya sabe de esta grave crisis ética que posiblemente llega a violar hasta las leyes del embargo contra el estado cubano, quizás estamos cerca de una política exterior diferente. Quizás más honesta y que facilite el regreso de Alan Gros a cambio de la libertad de los cubanos condenados a prisión en Estados Unidos por espionaje. Siempre teniendo en cuenta claro que ni Alan Gross es una víctima inocente, ni la comunidad judía de Cuba tuvo parte en la misión para la que fue contratado.
También es posible que estemos en condición de entender porque hace muy poco el USAID tratara de desligarse de las actividades encubiertas de inteligencia contra Cuba. Las relaciones entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba son necesarias e importantísimas.
Todas esas agencias acostumbradas a conspirar desde posiciones de elitismo y de espaldas al pueblo norteamericano, deben ser llamadas a dar cuentas ante el Congreso y ante las leyes de la república.