El cuentapropismo y la diáspora

La reforma de la economía exige de una renovación a profundidad de la política migratoria.

A pesar de las últimas medidas tomadas por las autoridades cubanas en el sentido de ampliar el marco del trabajo por cuenta propia, e incluso de las declaraciones de algunos funcionarios que auguran un avance ostensible del sector no estatal de la economía, no son pocos los que dudan de las verdaderas intenciones del Gobierno.

Opinan, por ejemplo, que el desarrollo del cuentapropismo solo ha sido una jugada táctica con vistas a paliar el elevado desempleo que se avecina, y que el reiterado planteamiento de que será la planificación, y no el mercado, quien fije las pautas del desempeño económico, esclarece cuál va a ser la estrategia a seguir.

Y tal vez la demora por parte del Gobierno en aplicar una nueva política migratoria —tantas veces anunciada y que no acaba de llegar—, contribuya a reforzar el referido escepticismo. Porque las nuevas leyes migratorias no solo deben de tratar asuntos como la eliminación del permiso de salida a los residentes en la Isla y la posibilidad de que los que salgan puedan retornar en cualquier momento a Cuba (o sea, que desaparezca el concepto de “salida definitiva del país”).

Una visión novedosa del tema migratorio comprendería también medidas para extender a los miembros de la diáspora cubana —sobre todo a los que retengan la ciudadanía cubana— los mismos derechos que poseen los ciudadanos residentes en la Isla, y que incluiría, entre otros, la participación en el sector no estatal de la economía.

Tan peliagudo tópico fue uno de los aspectos tratados en el evento “Un diálogo entre cubanos”, celebrado en La Habana el pasado mes de abril bajo el auspicio de la Iglesia Católica, y en el cual participaron académicos residentes a ambos lados del estrecho de Florida.

Es cierto que algunas de las acciones implementadas por la administración de Barack Obama, como la de permitir el libre envío de remesas a Cuba y la eliminación de las restricciones para los viajes a la Isla de los ciudadanos cubanoamericanos, han posibilitado que muchos trabajadores por cuenta propia recibieran determinada ayuda de sus familiares y amigos en el exterior. De esta manera, muchos negocios de cuentapropistas han obtenido el capital inicial para comenzar sus operaciones, además de suministros e instrumentos de trabajo, lo cual, dada la no existencia de un mercado mayorista en Cuba al que puedan acceder los cuentapropistas, adquiere un valor inestimable.

De igual forma, no pocos cuentapropistas que se dedican al arrendamiento de viviendas y habitaciones se han beneficiado por la promoción de sus servicios llevada a cabo en el extranjero por integrantes de la diáspora cubana.

Sin embargo, los entendidos en la materia afirman que la participación de la diáspora en el incipiente sector no estatal de la economía cubana podría ser mucho mayor si se llegaran a normalizar plenamente las relaciones de la nación con su emigración. Incluso, un flujo mayor de remesas hacia la Isla, con vistas a su capitalización en el trabajo por cuenta propia, podría incrementar sobremanera este sector emergente de la economía, y ponerlo realmente en condiciones de asimilar el grueso de los trabajadores que resulten despedidos de las entidades estatales.

Es criterio casi generalizado que el hecho de no haber hallado hasta el momento un posible destino para dichos trabajadores, mantiene semiparalizado el proceso de actualización del modelo económico. Pues esa actualización precisa que las entidades estatales logren la eficiencia, pero nunca arribarán a ella con las plantillas infladas.

Por supuesto que un empeño de tal magnitud requiere del concurso de los gobiernos ubicados en el vórtice del accionar de los cubanos: los de Cuba y EE UU. En este último resulta imprescindible una administración que facilite el intercambio entre los emigrados y sus familiares en la Isla. Un ejecutivo como el de George W. Bush, que limitó dicho intercambio alegando que así presionaba más al régimen cubano, daría al traste con esta hipotética participación de la diáspora en el sector no estatal de la economía cubana.

En el caso del Gobierno cubano, la aguardada modificación de las leyes migratorias habría de ser precedida por un cambio de mentalidad hacia la diáspora. El espíritu beligerante del Mariel, así como el ostracismo dictado contra tantos de los que abandonaron el país, han de ser sustituidos definitivamente por la convicción de que todos los cubanos, vivan donde vivan, y piensen como piensen, pueden contribuir al bienestar de nuestra patria.

Sin embargo, pecaríamos de ilusos si no consideraramos que los dos grandes obstáculos en el camino de esta noble aspiración: la opinión de los inmovilistas de que toda apertura hacia la diáspora afectaría a la seguridad nacional, y el criterio de que un desbordamiento del trabajo por cuenta propia socavaría las bases del sistema socialista.

Ojalá que el reciente viaje del gobernante Raúl Castro por China y Vietnam sirva, al menos, para aminorar el segundo de estos temores.

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